La Fiscalía pide para él tres años de cárcel. Además, solicita para una empresa presuntamente implicada en el caso la pena de multa de 1.594.976 euros, es decir, el cuádruple de la cantidad objeto de defraudación.
En su escrito de calificación de los hechos, el Ministerio Público sostiene que el acusado, en una fecha indeterminda, pero próxima a noviembre de 2010, propuso a unos terceros la financiación de una operación de importación de chatarra desde Liberia y con destino a España.
El hombre actuaba como intermediario entre la empresa de la que era administrador y que se encargaría de contratar el flete a España y vender dicha chatarra a dos empresas. Por este motivo, habría recibido distintas cantidades de dinero, que, según el Ministerio Público, no destinó al fin pactado ni tampoco retribuyó.
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